Extesorero y prestanombre de Borge iría a la cárcel

Chetumal.- Otro “pez gordo” de la banda de saqueadores de Roberto Borge Angulo, está a un paso de caer en manos de la Procuraduría General de la República. Se trata de Juan Pablo Guillermo Molina, ex tesorero y prestanombres del ex gobernador de Quintana Roo, actualmente confinado en una cárcel panameña, como resultado de la denuncia formulada hace más de un año, por el legislador panista Daniel Ávila Ruiz, por el desvío de fondos de mil 464 millones 604 pesos y tráfico de influencias.

El 24 de febrero de 2016, el senador Ávila Ruiz presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) y ante la ante la Auditoría Superior de la Federación, su denuncia contra Juan Pablo Guillermo Molina, secretario de Finanzas y Planeación de Quintana Roo, y José Luis Carlos Santos Ramírez, ex titular de la delegación del Registro
Agrario Nacional en Yucatán, involucrados en la adquisición ilegal de 300 hectáreas de terrenos ejidales en Mérida, en los que se construye una fábrica de la Cervecería Modelo.

También solicitó que se indagara por colusión a Manuel Alberto Guillermo Molina, hermano del titular de SEFIPLAN, que tenía bajo su resguardo las tierras ejidales del poblado de Ulila, municipio de Ucu, Yucatán, a través del ejido de Hunucmá, en el mismo estado, por permitir la venta ilegal de 300 hectáreas.

Ávila Ruiz explicó que Manuel Alberto Guillermo Molina, compró casi 160 hectáreas de tierras en ese ejido, en poco más de 32 millones de pesos, pese a que se trata de una zona de alta plusvalía, en que se edifica la fábrica de Modelo.

La compra fue avalada por el ex delegado agrario en Yucatán, Jorge Luis Carlos Santos pago y el pago fue en efectivo a los vendedores, que no son los auténticos dueños, además de que los recursos con que se pagaron los terrenos ejidales de Yucatán provenían de las arcas gubernamentales de Quintana Roo.

Pese a los elementos aportados por Ávila Ruiz, el poder de Roberto Borge Angulo, que aún fungía como gobernador, se hizo patente y de una u otra manera, impidió que las indagatorias avanzaran, toda vez que lo involucraban de manera directa.

Para los acusadores de Borge y camarilla, contra quienes pesan no  menos de otra media docena de acusaciones más por diversos ilícitos, fue la torcida lealtad, su cinismo, su complicidad sin límites y su hechura de corrupción de Juan Pablo Guillermo Molina, lo que lo hermanó con Borge Angulo.

Cabe acotar que antes, en marzo de 2015, Juan Pablo renunció “por motivos personales” a la titularidad de la Secretaría de Finanzas que ocupaba desde abril de 2013.

Por 10 meses se mantuvo alejado de cualquier cargo, pero al enterarse que podría ser objeto de acusaciones por su irregular desempeño al frente de la SEFIPLAN, en enero de 2016 trató de llegar a la Presidencia Municipal de Solidaridad (Playa del Carmen), a fin de gozar del fuero con lo que evitaría ser llevado a la cárcel.

Legisladores de oposición, el sector empresarial e incluso los mismos habitantes de Playa del Carmen, se opusieron rotundamente a tales aspiraciones, con argumentos tales como: “Juan Pablo sería la ruina de Playa del Carmen, una de las ciudades turísticas más importantes y prósperas del país”.

Comentaron que Juan Pablo era la personificación de la opacidad y la corrupción, que sería el tándem ideal (la combinación perfecta con su amigo Borge Angulo), para el manejo de la caja registradora de Solidaridad, cuyo presupuesto para el 2016 sería de mil 660 millones de pesos.

Como resultado de tales comentarios y advertencias, Juan Pablo no alcanzó a figurar siquiera como uno de los aspirantes a la precandidatura, fue rechazado antes de participar.

En lo referente a su experiencia laboral, del 2003 al 2005, fue gerente de productos nuevos en una agencia de viajes de Mérida, y director general del Restaurante DBOCCA, también de Mérida y de 2005 al 2008, fue director general de la empresa “Cozumel desde Adentro”, una compañía propiedad de su familia.

Todos ellos, cargos ajenos completamente al servicio público.

Su incursión en la administración pública –gracias a la amistad con Roberto Borge–, fue con el entonces presidente municipal de Solidaridad, Román Quian (2008-2011), como director de Finanzas.

De esa manera, Borge Angulo inició desde entonces el manejo del atractivo presupuesto de uno de los destinos turísticos más importantes del país: Playa del Carmen y la Riviera Maya, control que continuaría con su malogrado delfín, José Luis “Chanito” ToledoMolina, quien fue tesorero municipal en la administración de Filiberto Martínez (2011-2013).

De director de Finanzas, Juan Pablo se encaramó en la Secretaría de Hacienda, en abril de 2011, dependencia que cambió su nombre al de Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), donde manejó los recursos del erario al arbitrio de su amigo, el gobernador Borge.

Convertido en uno de los hombres más poderosos del gabinete de Borge, cada vez que se le requerían informes respecto a su manera de manejar los recursos económicos, a través de la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo, se negaba a proporcionar la información que debería ser pública; tan pública que no se necesitaba que ningún ciudadano la solicitara para que se publicara en la página del gobierno estatal.

Se le pidió, a través de la solicitud 00207015, de la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo Estatal, detallar cómo se gastaron mil 400 millones de pesos provenientes de la recaudación del Impuesto al Hospedaje, pero simplemente ignoró el requerimiento de Lizett del Carmen Clemente Handall, quien no se atrevió a exigirle explicaciones.

En la solicitud número 00011314, se le requirió saber cuál es el cobro autorizado por concepto de verificación vehicular, detallar las diferentes tarifas, según tipo de vehículo, pero tampoco hubo respuesta.

Hubo también la solicitud 00118013, en la que la que se le pidió saber a qué empresas se entregaban los materiales reciclables obtenidos del programa “Basura por Alimentos”.

La respuesta fue la misma, pese al recurso de revisión RR/042-13/CYDV, en el que el entonces Instituto de Transparencia le indicó a Juan Pablo que entregara los datos solicitados, y le recordó que, de acuerdo al artículo 98 de la ley de Transparencia del estado, “serán causa de responsabilidad administrativa” (…) “actuar con negligencia,
dolo o mala fe en la substanciación de las solicitudes de acceso o en la difusión de la información pública”.

De todos modos la negativa fue la misma, la protección de Borge Angulo impedía que cumpliera con los ordenamientos que, obviamente, terminaría por implicar a su jefe y amigo.

Una solicitud más, la número 00007215, en la que se le pedía responder cuántos procedimientos ha iniciado la Secretaría de la Gestión Pública en contra de funcionarios por incumplimiento en la substanciación de solicitudes de acceso a la información, en la presente administración.

La respuesta fue: “En la presente administración, es decir, del año 2011 a la fecha actual (enero 2015), esta Coordinación no ha iniciado ningún Procedimiento Administrativo Disciplinario por motivo de incumplimiento a las solicitudes de acceso a la información pública y en abierta protección, la Secretaría de la Gestión Pública indicó que
tampoco se le ha requerido intervenir en ningún caso por la falta de respuesta a alguna solicitud de información.

Conforme concluía el mandato de Borge Angulo su poder decrecía y con ello, también la protección que daba a uno de sus principales compinches, por lo que Juan Pablo volvió a intentar colarse a un cargo de elección popular, pero sólo logró una diputación suplente, la de José Luis “Chanito” Toledo Molina.

Prosiguieron las demandas y ya no fue solamente la del senador Ávila Ruiz, sino las de empresarios y las del gobernador electo, Carlos Manuel Joaquín González, con lo que finalmente se libró la orden de aprehensión, aunque fue necesario corretear al ex mandatario hasta Panamá, donde se había refugiado, para capturarlo finalmente el pasado 5 de junio.

Con ello, Juan Pablo vio aproximarse también su posible detención por lo que le fue a pedir, “de favor, a Toledo Molina que renunciara a su diputación y de esa manera pudiera cambiar de diputado suplente a diputado propietario, lo que le garantizaría el fuero para no ser detenido, a pesar de cualquier acusación en su contra.

Sin embargo, “Chanito” le volteó la espalda y dijo que no renunciaría, argumentando que su compromiso es con los habitantes de Quintana Roo, que depositaron su confianza en él en las pasadas elecciones y no con un grupo político.

Como gato bocarriba, Juan Pablo recurrió al amparo pero el Juzgado Sexto de Distrito, con sede Chetumal, resolvió negar la suspensión definitiva solicitada por Juan Pablo, que consistía en detener el proceso de juicio político que lleva en su contra la XV Legislatura.

En el resolutivo Cuarto del expediente 262/2017, el juez Aarón Alberto Pereira Lizama negó la solicitud de la parte quejosa, debido a que “siendo un procedimiento seguido en forma de juicio es de interés social, y no procede el otorgamiento de la medida cautelar solicitada, por no reunirse la totalidad de los requisitos previstos para tal
efecto”.

El juez acota “el procedimiento de un juicio político, tutela totalmente el interés público y no intereses particulares, ya que su único objetivo es garantizar a la colectividad en general el desarrollo correcto y normal de la función pública”.

Así, ordenó dejar sin efectos el desechamiento en que había incurrido la pasada legislatura y dispuso se reabriera el caso, con lo que ahora se cuenta con el fundamento legal para proceder en contra de Juan Pablo Guillermo Molina.

También el Congreso de Quintana Roo, determinó procedente la solicitud de juicio político que Fabiola Cortez Miranda, representante de la Asociación Civil “Somos tus Ojos por la Transparencia de Quintana Roo”, interpuso en contra de Juan Pablo y Fredy Efrén Marrufo Martín, ex alcalde de Cozumel y quien lo sustituyera en la Secretaría de
Finanzas y Planeación.

De esta manera la Comisión Instructora del Congreso del Estado, que lleva el juicio político en contra del ex funcionario, está en condiciones de dar cauce a la siguiente instancia en el procedimiento que se inició por señalamientos de presuntos desvíos en el Impuesto al Hospedaje.

Asimismo, el desarrollo de las investigaciones han puesto al descubierto más robos de Juan Pablo, como el que se fraguó a finales de 2015 y principios de 2016, en abierta traición a su jefe Borge Angulo, desviando cientos de millones de pesos para recaudar “fondos” y apoyar la campaña de Mauricio Góngora Escalante, a sabiendas de que
su “delfín” de Borge era “Chanito” Toledo.

Por otra parte, en diciembre de 2015, por órdenes de Juan Pablo, se realizaron decenas de contratos sin número o folio, mismos que fueron pagados en ese mismo mes o a principios de enero de 2016.

La intención de mover tanto dinero del Gobierno del Estado en tan poco tiempo, era más que clara, obtener los diezmos (porcentajes por otorgación de obras) y lavar miles de millones de pesos, para de esa manera recaudar los fondos necesarios para la campaña, que en principio estaba perfilada para “Chanito” Toledo Medina, pero que al
final, tras la traición de Juan Pablo se decidió a favor del ex presidiario José Mauricio Góngora Escalante.

El 11 de enero de 2003, Góngora Escalante fue acusado de robo calificado y fraude genérico en agravio de “Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, S.A. de C.V.”, en Playa del Carmen, donde el ahora priista era gerente de ventas.

El 24 de junio del mismo año, fue aprehendido por la Policía Judicial, fichado y recluido en la cárcel municipal, en base a la averiguación previa P4-00064/2003 (que continúa abierta) y luego fue consignado al Juzgado Mixto de 1ª. Instancia, cuya titular era Dulce María Balam Tuz.

Actualmente, Juan Pablo Guillermo Molina, se halla prófugo, lo mismo que durante 181 días estuvo su jefe, guía, amigo y protector, Roberto Borge Angulo que al final, cayó en manos de la policía y está en proceso de extradición a nuestro país.

Fuente: Sol Quintana Roo

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